Los gobernadores provinciales preparan una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para debatir alternativas de compensación frente a la pérdida de recaudación que generaría la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según cálculos oficiales, la reducción del impuesto a las sociedades incluida en el proyecto implicaría una caída de casi 4 puntos en la coparticipación federal, lo que representa un impacto fiscal significativo para las provincias.
El núcleo del conflicto se encuentra en el artículo 190 de la reforma laboral, que propone bajar la alícuota del impuesto a las sociedades del 30% al 27% en el segundo tramo, y del 35% al 31,5% en el tercero. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo en la coparticipación para las provincias alcanzaría los $3,18 billones.
Propuestas de los gobernadores frente a la reforma laboral
Los mandatarios provinciales buscan garantizar que cualquier instrumento de compensación sea incorporado directamente en el proyecto de ley y rija de manera uniforme para todas las provincias. De esta forma, intentan reducir la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mediante los cuales el Ejecutivo decide unilateralmente las transferencias a cada distrito.
Entre las alternativas que se analizarán en el CFI figura una reducción gradual de la alícuota del impuesto a las sociedades, para evitar un impacto abrupto en las cuentas provinciales. Además, los gobernadores evaluarán solicitar que el artículo entre en vigencia recién en 2027, postergando así sus efectos fiscales.
Coparticipación del Impuesto a los Combustibles como solución
Otra opción sobre la mesa es reflotar el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que establece la eliminación de fideicomisos y una nueva distribución de recursos. Según esa propuesta, el 14,29% iría al Tesoro Nacional, el 57,02% a las provincias, y el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social para obligaciones previsionales nacionales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este jueves a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) para avanzar en las negociaciones. Tras el encuentro, Sáenz planteó que las provincias acompañan el proceso de modernización laboral pero enfrentan realidades diferentes a las de Nación.
Advertencias sobre la caída de la recaudación provincial
El gobernador salteño advirtió que la recaudación provincial viene cayendo debido a la disminución del IVA y el consumo, y que una reducción adicional del impuesto a las Ganancias “golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias”. Sin embargo, los mandatarios manifestaron su disposición a negociar cambios que puedan discutirse en la mesa política del Gobierno.
Por su parte, Santilli afirmó que el encuentro fue positivo y que trabajan “en conjunto” con los jefes provinciales y el ministro de Economía, Luis Caputo, para atender los reclamos. El funcionario destacó que los argentinos desean una baja de impuestos, tal como la impulsa el presidente Javier Milei.
Tensión entre Nación y provincias por el impacto fiscal
Las provincias insisten en que cualquier compensación quede plasmada formalmente en el proyecto de ley para evitar compromisos discrecionales que dependan de la voluntad del Ejecutivo. Adicionalmente, buscan que el mecanismo de compensación sea transparente y equitativo, garantizando previsibilidad en sus finanzas públicas.
Las variantes de compensación serán debatidas en la próxima reunión del CFI y posteriormente trasladadas al Gobierno nacional, que continúa negociando para sumar apoyos legislativos. Las autoridades provinciales esperan alcanzar un acuerdo antes del tratamiento parlamentario de la reforma laboral, aunque persiste incertidumbre sobre los plazos y los términos definitivos de la negociación.