A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno acelera las negociaciones con la oposición para conseguir los votos necesarios y aprobar la reforma laboral. Según indicaron fuentes legislativas, este proyecto de modernización laboral es el que más se trabajó y el que el oficialismo pretende convertir en ley durante el mes próximo.
Sin embargo, pese a las constantes reuniones con gobernadores y legisladores dialoguistas, todavía no existe un acuerdo firme con los bloques opositores. Distintas fuerzas políticas han manifestado reparos significativos al proyecto, lo que dificulta el camino para su sanción.
La UCR mantiene en suspenso su apoyo a la reforma laboral
Un senador de la UCR explicó que recién se empieza a discutir sobre las diferencias existentes en el proyecto. Según sus declaraciones, hasta la semana próxima no se esperan avances concretos en los acuerdos, aunque dentro del bloque radical se estaría cerca de unificar criterios.
El dato del radicalismo resulta clave, ya que cuenta con 10 senadores, posicionándose como tercera fuerza detrás del peronismo y La Libertad Avanza. Estos votos son fundamentales para el Gobierno, especialmente considerando que del bloque que conduce José Mayans se espera un rechazo generalizado a la iniciativa.
Según pudo conocerse, la intención de los senadores radicales es votar todos en bloque y en el mismo sentido. Los legisladores acordaron planteos en común durante reuniones recientes, advirtiendo que si el Gobierno acepta reformas, se podría lograr una unificación del voto.
El PRO marca distancia y exige cambios
Tampoco existen precisiones sobre la postura del PRO, que no asistió a la última reunión de jefes de bloques dialoguistas realizada el miércoles. Aunque se espera que sus legisladores terminen acompañando la iniciativa, en el último tiempo el partido fundado por Mauricio Macri marcó distancia del oficialismo.
Fuentes del bloque aseguraron que, de mínima, no votarán a libro cerrado y marcarán sus objeciones. Esta posición refleja la creciente tensión entre el PRO y La Libertad Avanza en cuestiones legislativas de fondo.
Adicionalmente, los gobernadores se han convertido en actores fundamentales de la negociación. Han señalado fuertes objeciones respecto a las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, que afectaría significativamente la recaudación por coparticipación federal. Los mandatarios patagónicos sumaron como condición la inclusión de la Emergencia Ígnea en el temario, propuesta que el Gobierno analiza incorporar.
Incertidumbre en Diputados sobre el proyecto
Al dar inicio la discusión en el Senado, el debate en Diputados debe esperar a ver qué proyecto llega desde la Cámara Alta. En principio, diversos bloques coinciden en que es necesaria una modificación de la legislación laboral, pero no están dispuestos a aprobarla a cualquier costo.
Con excepción del peronismo kirchnerista y la izquierda, que manifestaron su abierto rechazo a la iniciativa, el resto de los bloques mantiene el suspenso. Alberto Arrúa, presidente del bloque Innovación Federal, explicó que no tienen ninguna posición definida ya que aún no cuentan con el texto en sus manos.
El diputado misionero agregó que hay un proyecto del Ejecutivo que será tratado en el Senado, donde seguramente habrá muchos cambios. Uno de los intereses particulares de los legisladores misioneros tiene que ver con el capítulo fiscal, ya que según sus cálculos implicaría 60 mil millones de pesos menos en coparticipación para la provincia.
Los ejes conflictivos del proyecto
Entre las principales objeciones al proyecto se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que recolecta un aporte obligatorio equivalente al 3% de la masa salarial de cada empleador para financiar indemnizaciones por despido. Esta contribución sale de lo que actualmente las empresas pagan al sistema jubilatorio, lo que según críticos implica desviar recursos del financiamiento previsional.
La oposición sostiene que este mecanismo puede significar un riesgo para las cuentas públicas y una pérdida de derechos de los trabajadores. Otro de los ejes polémicos tiene que ver con cómo se calculan las indemnizaciones tradicionales, ya que se propone que el aguinaldo, premios y otros pagos no mensuales no se incluyan en la base de cálculo.
Finalmente, la eventual derogación de ciertos estatutos profesionales especiales también genera resistencia. Aunque la versión final podría haber moderado estos cambios, diversos sectores plantean que las modificaciones afectan derechos específicos adquiridos históricamente.
Se espera que durante la próxima semana continúen las negociaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, aunque las autoridades no han confirmado una fecha concreta para el inicio del tratamiento legislativo. La sanción de la reforma laboral dependerá de la capacidad del oficialismo para acordar modificaciones que satisfagan las demandas de gobernadores y legisladores opositores.