El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo al Congreso incluye una reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una medida que generó profunda preocupación en las provincias por su impacto sobre la coparticipación federal. Según un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la baja proyectada de recaudación para este año asciende a $3,1 billones, equivalente a 0,3 puntos del PBI, de los cuales más de la mitad ($1,7 billones) corresponden a las jurisdicciones provinciales.
En términos mensuales, el impacto se traduce en un promedio simple de $144.000 millones menos para el conjunto de las provincias durante todo el año. El recorte no es homogéneo, sino que afecta con mayor fuerza a los distritos de mayor peso económico y demográfico, en un contexto de negociación política abierto entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Impacto de la reducción de Ganancias en las provincias más grandes
La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas. Según las proyecciones del informe, resignaría $30.546 millones por mes, lo que equivale a $366.557 millones en todo 2026. El monto explica, por sí solo, más de una quinta parte del total de recursos que dejarían de percibir las jurisdicciones.
Santa Fe se ubica en el segundo lugar, con una merma estimada en $12.391 millones mensuales y $148.698 millones anuales. Córdoba completa el podio, con una pérdida proyectada de $12.103 millones por mes y $145.240 millones en el año. Ninguno de los gobernadores Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro ni Martín Llaryora está en la agenda de reuniones de negociaciones que habilitó el Gobierno.
El impacto también resulta significativo en otras jurisdicciones. Chaco y Entre Ríos perderían $81.265 millones anuales cada una; Tucumán, $79.536 millones; Mendoza, $70.891 millones; y Salta, $65.704 millones. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego figura como la jurisdicción con menor pérdida, con $22.478 millones anuales.
Concentración de la recaudación en pocas empresas
Según el relevamiento de Michel, uno de los dirigentes del núcleo duro del Frente Renovador de Sergio Massa, solo el 1% de las sociedades explica más del 76% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Además, apenas 144 grandes empresas concentran el 56% del total, mientras que casi el 90% de las firmas aporta menos del 8% del impuesto.
Para 2026, el Presupuesto aprobado por el Congreso proyecta una recaudación total por Ganancias de $48,4 billones, de los cuales el 71% corresponde a sociedades. Con la reforma laboral, ese componente se reduciría de $34,3 billones a $31,7 billones, lo que explicaría la caída global de recursos y el impacto directo sobre la coparticipación federal.
El informe detalló que, del total de la baja proyectada de recaudación, el 54,66% se trasladaría automáticamente a las provincias, mientras que el 45,34% impactaría sobre el Tesoro nacional, de acuerdo con el esquema vigente de distribución primaria de recursos.
Negociaciones políticas y búsqueda de apoyos
La reducción del Impuesto a las Ganancias se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la negociación política entre el Gobierno y los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, habilitó rondas de diálogo con los mandatarios provinciales para destrabar el tratamiento legislativo del proyecto.
Uno de los puntos centrales que el Ejecutivo analiza revisar para lograr dictamen en comisión es, justamente, el de la reducción de Ganancias que pagan las empresas, ante la posibilidad de perder apoyos de las provincias. El dato clave es que, a diferencia de Diputados, en la Cámara Alta los senadores responden directamente a los gobernadores.
Según la cartera de Interior, Santilli consiguió el respaldo de cinco gobernadores, algunos con una alianza político-electoral y otros con necesidades económicas que los vuelven más dependientes de las transferencias de recursos. Las recorridas políticas incluyeron a territorios gobernados por aliados y dejaron, por ahora, fuera de agenda a varios de Provincias Unidas y a los peronistas opositores.
ATN y compensaciones en la mesa de negociación
El mapa de apoyos al oficialismo no siempre coincide con el de las provincias más o menos afectadas por la reforma. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, mantienen un acuerdo político con el Gobierno, pese a que sus provincias perderían $81.265 millones y $70.891 millones anuales, respectivamente, según el informe.
En el caso de Entre Ríos, Misiones y Salta, el impacto negativo convive con otro dato clave: fueron algunas de las provincias más beneficiadas con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2025. Entre Ríos recibió $19.000 millones, según un análisis de Politikon Chaco, solo por detrás de Tucumán, que obtuvo $35.000 millones.
Una situación similar se observa en Chaco, cuarta en el ranking de provincias más afectadas por la caída de coparticipación, con $81.265 millones anuales, pero también entre las más beneficiadas con ATN en 2025, con $18.000 millones. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego enfrentaría una pérdida estimada de $55.329 millones, tras haber recibido unos $6000 millones en ATN.
Reclamos provinciales por compensaciones
Desde las provincias, los planteos se enfocan en la necesidad de compensaciones. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, indicó que la medida golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias y por eso buscan alternativas y compensaciones para no seguir resignando fondos.
Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que sobre la mesa de negociaciones están mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también puso el foco en el capítulo fiscal del proyecto, defendiendo un esquema fiscal equitativo y previsible.
Salta, Tucumán y Catamarca condicionaron su apoyo a la reforma a mecanismos de compensaciones por la pérdida de fondos coparticipables. Michel reclamó que una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada requiere de un análisis profundo y no pretender discutirlo como un punto más de la reforma laboral.
El Gobierno deberá definir en las próximas semanas si mantiene la reducción del Impuesto a las Ganancias en el proyecto o si introduce modificaciones para asegurar los votos necesarios en el Senado. La posibilidad de compensaciones fiscales y la revisión del esquema de coparticipación federal permanecen en el centro de las negociaciones con los gobernadores.