La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que abre la industria petrolera a la participación del capital privado y la inversión extranjera. La norma fue sancionada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, horas después de recibirla del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante una marcha de trabajadores del sector en Caracas.
El cambio legislativo representa un giro significativo respecto del modelo de control estatal instaurado durante el chavismo. La ley original había sido modificada en 2006 por Hugo Chávez para reforzar la participación estatal sobre la actividad petrolera.
Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos: alcances y cambios clave
Durante el acto de firma, Delcy Rodríguez celebró la sanción de la norma y afirmó que representa un “salto histórico y cualitativo” para el país. Según la mandataria, la reforma permitirá “convertir las mayores reservas de petróleo del planeta en la mayor felicidad que puede tener un pueblo”, según declaró ante militantes y empleados de la industria.
La aprobación se produjo tras casi dos horas de debate en el Parlamento controlado por el chavismo. Con los cambios aprobados, se habilita la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
Apertura a la inversión extranjera y arbitraje internacional
Adicionalmente, la reforma permite la inversión extranjera e incluye la posibilidad de resolver controversias mediante mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje internacional. Jorge Rodríguez aseguró que la reforma fue producto de un amplio proceso de consultas en todo el país.
El presidente de la Asamblea Nacional afirmó que la norma “queda sancionada para la historia, para el futuro y para nuestras hijas y nuestros hijos”, antes de entregar el proyecto a la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), encabezada por Héctor Obregón.
Nuevo contexto geopolítico tras la captura de Maduro
La reforma se inscribe en un nuevo escenario político tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos a comienzos de enero. Delcy Rodríguez reconoció avances en la relación con Washington y reveló que mantuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump.
En esa conversación abordaron la reapertura del espacio aéreo venezolano y nuevas inversiones. Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero venezolano mediante una nueva licencia general.
La licencia autoriza la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de PDVSA y sus asociados, bajo estrictas condiciones de supervisión estadounidense. “Estamos dando pasos importantes”, subrayó la mandataria venezolana respecto al acercamiento bilateral.
Críticas del chavismo histórico a la apertura petrolera
Sin embargo, la reforma generó fuertes críticas dentro del propio chavismo histórico. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez afirmó que la nueva ley “deroga la nacionalización de la industria petrolera” y “borra de un zarpazo” conquistas de casi siete décadas.
Ramírez también cuestionó la inclusión del arbitraje internacional y advirtió sobre una cesión de soberanía jurisdiccional. En contraste, el Gobierno interino defiende la medida como necesaria para reactivar un sector afectado por años de sanciones y falta de inversiones.
En un sector que encadenó cinco años de crecimiento, la producción de crudo alcanzó en 2025 los 1,081 millones de barriles diarios, según datos oficiales. El Gobierno confía en que la Ley Orgánica de Hidrocarburos permita reactivar plenamente la industria, aunque bajo estrecha vigilancia de Estados Unidos y en un contexto político todavía marcado por tensiones internas y externas.
Autoridades venezolanas no han especificado plazos para la implementación completa de la reforma ni detalles sobre las primeras inversiones extranjeras esperadas. El escenario futuro dependerá tanto del cumplimiento de las condiciones estadounidenses como de la capacidad del Gobierno interino para atraer capital privado en medio de la incertidumbre política regional.