El Gobierno de Javier Milei enfrenta esta semana tres desafíos políticos y económicos clave que pondrán a prueba su gestión. La administración libertaria deberá afrontar la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate legislativo de peso del año en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión generada por la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
Expectativas sobre la inflación de enero y metodología del Indec
Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De confirmarse estas proyecciones, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%. El dato será difundido con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico.
Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas. En 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT moviliza sin paro general ante la reforma laboral
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según informó TN.
Sin embargo, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo. Aunque la conducción cegetista rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza dentro de la estructura sindical.
Debate legislativo clave en el Congreso
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa de reforma laboral en el Senado, donde La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general.
No obstante, las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables.
Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de 3,1 billones de pesos en la recaudación total durante 2026, de los cuales 1,7 billones corresponderían a las provincias. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados se prepara para avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. El Gobierno buscará además sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero. Si no se alcanza consenso en algunos de estos proyectos durante las extraordinarias, el debate continuará en las sesiones ordinarias a partir de marzo.