El Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años, con el objetivo de acelerar su tratamiento en comisiones y lograr su votación en la Cámara de Diputados durante esta semana. La iniciativa, idéntica a la enviada el año pasado, retoma uno de los temas más polémicos de la agenda penal: la responsabilidad de adolescentes en delitos graves.
El texto propone reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que una persona pueda ser imputada penalmente, aunque desde el oficialismo reconocen que ese piso difícilmente prospere sin cambios. Según fuentes parlamentarias, el consenso en los bloques dialoguistas apunta a fijar el umbral en 14 años, tal como se había trabajado en el dictamen del año anterior.
La baja de la edad de imputabilidad constituye el eje central de la propuesta oficial para abordar hechos de inseguridad protagonizados por menores de edad. El Gobierno sostiene que la medida busca evitar que organizaciones criminales utilicen a adolescentes inimputables para cometer delitos, al tiempo que establece un régimen penal diferenciado del sistema aplicable a adultos.
Modificaciones previstas y financiamiento garantizado
Durante una reunión con los presidentes de bloque, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que esta vez el proyecto incluye partidas presupuestarias específicas para su implementación. Esta definición aparece plasmada en el artículo 51, que asigna un monto total de 23.739.155.303,08 pesos para el año 2026, distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
La ausencia de recursos había sido uno de los principales argumentos de la oposición para frenar el avance de la iniciativa en 2025. Ahora, con el financiamiento garantizado, se despeja uno de los obstáculos centrales para el debate legislativo.
Referentes del PRO y de la UCR anticiparon que el acuerdo posible es establecer la imputabilidad en 14 años, conforme al consenso alcanzado previamente. En ese escenario, se espera que el proyecto sea modificado cuando se firme el despacho de comisión, previsto para el próximo miércoles.
Claves del proyecto de reforma penal juvenil
La iniciativa habilita la imputabilidad desde los 13 años para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros. Sin embargo, establece límites específicos a las penas: contempla condenas de hasta 20 años de prisión, pero excluye expresamente la prisión perpetua, incluso en casos de concurso de delitos.
Para menores de hasta 15 años, el juez podrá disponer medidas de privación de la libertad únicamente en casos graves, priorizando alternativas orientadas a la reinserción social. En delitos de menor entidad, el proyecto prevé sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, reglas de conducta y mecanismos de reparación del daño.
Uno de los aspectos que podría modificarse durante el debate es el tope de las penas. En el dictamen consensuado el año pasado, los bloques dialoguistas habían acordado una pena máxima de 15 años de encierro para delitos especialmente graves, mientras que para conductas con escalas de hasta tres años se priorizaban sanciones alternativas.
Derechos reforzados y garantías procesales
El régimen penal juvenil incluye la creación de institutos específicos para el alojamiento de adolescentes condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica integral y tratamiento para adicciones. El personal de estos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y se prohíbe cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
Adicionalmente, el proyecto incorpora un sistema de derechos reforzados para adolescentes sometidos a proceso penal: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y derecho a ser informados durante todo el trámite judicial. Este punto concentró el debate sobre los costos de implementación, ahora contemplados mediante acuerdos entre Nación y provincias para el envío de partidas destinadas a infraestructura.
El texto también refuerza los derechos de las víctimas, garantizando acceso a asistencia legal, acompañamiento psicológico y participación en el proceso judicial. Según el cronograma difundido por la presidencia de la Cámara baja, La Libertad Avanza busca dictaminar el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto.
De cumplirse el calendario previsto, el proyecto sería llevado al recinto el jueves 12 de febrero para su votación. Sin embargo, la sanción definitiva dependerá de las negociaciones políticas en torno al umbral de edad y los topes punitivos que finalmente se establezcan en el despacho de comisión.