El Gobierno nacional planea debatir en la Cámara de Diputados la Ley Penal Juvenil el próximo jueves 12 de febrero, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de menores. El aspecto central del proyecto busca reducir el piso actual de 16 años establecido por la Ley 22.278, una iniciativa que ha generado controversia tanto dentro del oficialismo como entre bloques aliados.
Para avanzar con el tratamiento legislativo, el martes 10 de febrero quedarán constituidas las comisiones respectivas y el miércoles 11 se realizará el plenario donde se firmará el despacho que llegará al recinto. El plenario estará encabezado por la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, e incluirá las comisiones de Presupuesto, Familia y Justicia.
Desacuerdo sobre la edad de imputabilidad entre oficialismo y aliados
Aunque el oficialismo impulsa establecer la edad de imputabilidad en 13 años, esta propuesta no cuenta con el apoyo necesario ni siquiera entre sus aliados. El consenso alcanzado en el dictamen de mayoría del año pasado, que perdió estado parlamentario, establecía la edad en 14 años.
El Gobierno reflotó el debate tomando casos mediáticos como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, según indican fuentes legislativas. Sin embargo, los bloques dialoguistas mantienen su postura de fijar el límite en 14 años, resistiendo la pretensión oficial de bajarlo aún más.
Detalles del régimen penal propuesto
El proyecto establece un régimen específico para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años, con énfasis en la reinserción social. La iniciativa define este objetivo como “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Adicionalmente, el texto garantiza que el adolescente imputado “deberá ser tratado con respeto y consideración a lo largo del proceso”, limitando la publicidad de su identidad. La privación de libertad queda restringida a casos donde existan riesgos procesales debidamente fundamentados.
Sanciones alternativas y penas máximas
El proyecto contempla sanciones no privativas de libertad que pueden reemplazar penas de hasta 10 años. Entre las alternativas figuran la amonestación y los servicios comunitarios, siempre con conformidad fiscal y considerando la opinión de la víctima.
Según el artículo 12, inciso f) del proyecto, “la prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas de interés social en entidades de asistencia, públicas o privadas, sin fines de lucro”. Para casos graves que requieran penas privativas como detención domiciliaria o en institutos especializados, el plazo máximo será de 15 años.
Condiciones de detención y atención especializada
En cuanto a las condiciones de detención, la normativa exige separación de adultos y orientación educativa permanente. Los institutos deberán contar con personal capacitado y un supervisor especializado que presente informes mensuales sobre la evolución del adolescente.
El personal debe estar calificado para atender situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. Asimismo, se incorporan institutos como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, aplicables a delitos menores con énfasis en la reparación del daño.
Argumentos del oficialismo a favor del cambio
Desde el oficialismo sostienen que la ley actual está “desfasada” respecto de situaciones delictivas contemporáneas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “la Argentina está rezagada” en esta discusión y que la edad de imputabilidad debería situarse incluso por debajo de lo planteado.
En términos similares, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionó la normativa vigente por ser “injusta tanto para la víctima como para el menor”. El funcionario defendió la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil para responder a fenómenos como la criminalidad organizada que involucra a adolescentes.
Antecedentes legislativos del proyecto
El plenario de comisiones trabajó durante varios meses el año pasado y consensuó 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad entre los 16 y los 12 años. El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
Este amplio consenso modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años. Finalmente, el plenario estableció cambiar el régimen penal de los 16 a los 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores.
El proyecto invita a las provincias a adecuar sus normas locales y entra en vigencia 180 días después de su publicación, con control a cargo del Poder Ejecutivo. Si bien el texto perdió estado parlamentario con el recambio legislativo, desde La Libertad Avanza confían en lograr la media sanción en esta nueva oportunidad de debate en el recinto.