El Gobierno argentino reiteró formalmente su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, vuelva a la cárcel y finalice su condena tras las rejas. La presentación fue realizada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, quien reclamó el cese de la medida que permite a la dirigente cumplir su condena bajo prisión domiciliaria desde 2017.
Según el comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos solicitó que la prisión de Sala sea efectiva y que termine de cumplir su condena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. La exlegisladora jujeña fue condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, según informó el Ministerio.
Fundamentos del pedido para que Milagro Sala vuelva a la cárcel
El Ministerio de Justicia argumentó que Milagro Sala debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, junto al resto de los condenados. Además, el Estado argentino rechazó las alegaciones de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de la dirigente social.
Según la presentación oficial, Sala violó las condiciones de su prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial. Esta acción activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal, según explicaron las autoridades.
Desde el Gobierno afirmaron que presentar estas medidas de control como “hostigamiento” busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio. El Ministerio acompañó documentación sobre la situación actual que, según señalaron, evidencia objetivamente el incumplimiento de las condiciones impuestas.
Postura del Gobierno sobre obligaciones internacionales
Las autoridades remarcaron que Argentina cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, cuestionaron que la medida de la CIDH se haya transformado en un beneficio que mantiene a una persona con condena firme en la comodidad de su hogar.
El comunicado oficial destacó que en la gestión del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de quienes se enriquecen a costa de los argentinos. Asimismo, enfatizaron que los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad.
El Ministerio de Justicia subrayó que existe un solo lugar para quienes han sido condenados por delitos graves: la cárcel. Esta postura refleja la política del actual Gobierno respecto al cumplimiento efectivo de las condenas judiciales, independientemente de las circunstancias particulares de cada caso.
Adicionalmente, las autoridades cuestionaron que la medida cautelar de prisión domiciliaria se mantenga vigente desde 2017, argumentando que no existen razones que justifiquen la continuidad de este régimen especial. La presentación ante la CIDH incluye evidencia sobre violaciones a las condiciones impuestas, según informaron fuentes oficiales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá analizar ahora la reiteración del pedido presentado por el Gobierno argentino. Aunque no se han confirmado plazos específicos, se espera que el tribunal internacional evalúe los nuevos elementos aportados y determine si corresponde modificar la medida cautelar vigente desde hace varios años.