El Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva dependencia que tendrá como objetivo desmentir información que el Ejecutivo considere falsa y que sea difundida por medios de comunicación y sectores de la oposición. La iniciativa fue presentada mediante un comunicado oficial en el que se plantea que la medida busca dar una respuesta directa a lo que el oficialismo califica como “desinformación”. Según la Casa Rosada, esta oficina fue creada para desmentir activamente la mentira y señalar falsedades concretas.
La nueva dependencia estará bajo la órbita de la secretaría de Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y funcionará principalmente a través de redes sociales. En el texto difundido, el oficialismo sostiene que limitarse a informar resulta insuficiente si la desinformación avanza sin respuesta. El presidente Javier Milei replicó el anuncio y expresó que la medida fue impulsada para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, según el comunicado oficial.
Objetivos de la Oficina de Respuesta Oficial
Según el documento presentado por el Gobierno, la oficina tendrá un rol específico en la refutación pública de contenidos que considere inexactos. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo también celebraron la creación de esta nueva herramienta de comunicación gubernamental. El comunicado manifiesta que la intención es combatir la desinformación brindando más información y afirma que la decisión implica sumar una voz oficial para desmentir operaciones.
Adicionalmente, el Ejecutivo vincula la creación de esta instancia con la política de recorte de la pauta oficial implementada en los últimos meses. El primer comunicado de la Oficina de Respuesta Oficial asegura que no tendrá como objetivo convencer ni imponer una mirada, sino aportar elementos para que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. Fuentes del Gobierno indicaron que la nueva cuenta buscará reaccionar en tiempo real ante informaciones que consideren falsas o incompletas.
Estructura administrativa y funcionamiento
Fuentes oficiales indicaron que, por el momento, no está previsto crear una nueva estructura administrativa por fuera de la secretaría de Comunicación. En cambio, el funcionamiento de la oficina se articulará con los equipos ya existentes en esa área. Sin embargo, tampoco se precisó si habrá protocolos formales para definir qué contenidos serán refutados públicamente ni cuáles serán los criterios específicos para determinar qué información será considerada desinformación.
En Balcarce 50 sostienen que la creación de esta dependencia apunta a institucionalizar una práctica que, según explican, ya venían realizando de manera informal a través de voceros y redes sociales oficiales. Los funcionarios gubernamentales aseguran que la nueva cuenta funcionará como un canal oficial de aclaraciones y desmentidas dirigido directamente a la ciudadanía. Esta estrategia forma parte de una política más amplia de comunicación directa a través de plataformas digitales.
Contexto político y reacciones
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y sectores del sistema de medios de comunicación tradicionales. El oficialismo ha mantenido una postura crítica hacia lo que denomina “la casta política” y determinados medios que, según su visión, operan en contra de la gestión actual. Meanwhile, sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil no han emitido pronunciamientos públicos inmediatos sobre la creación de esta oficina.
In contrast con otros mecanismos de verificación de información existentes en el ámbito periodístico y académico, esta iniciativa gubernamental se presenta como una herramienta oficial de refutación directa. Las autoridades no han confirmado aún si existirán instancias de revisión externa o mecanismos de transparencia sobre los criterios utilizados para calificar contenidos como desinformación. El Ejecutivo tampoco detalló si habrá rendición de cuentas periódica sobre las acciones de la oficina.
Resta conocer cómo se implementará en la práctica esta nueva dependencia y si el Gobierno establecerá lineamientos públicos sobre su funcionamiento. Las autoridades no han anunciado fechas específicas para la presentación de un reglamento operativo ni han precisado si someterán la iniciativa a consulta con organismos de derechos humanos o libertad de expresión.