El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza emitió su veredicto en el megajuicio por corrupción que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento, declarándolo culpable de haber cobrado coimas a través de una red que habría operado durante años dentro del Juzgado Federal Nº 1 de esa provincia. La definición llegó tras casi dos años de debate oral y puso fin a una de las causas más relevantes de los últimos tiempos en la Justicia Federal.
La audiencia comenzó en el primer piso de los Tribunales Federales de Mendoza, donde las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira anunciaron su decisión después de escuchar las últimas palabras de ocho imputados. A partir de esta resolución, se abrirá el juicio de cesura, la etapa en la que el Ministerio Público Fiscal y las defensas discutirán las penas correspondientes.
El megajuicio por corrupción que sacudió a la Justicia Federal
Según lo informado durante el proceso, la instancia de cesura se desarrollaría entre miércoles y jueves de esta semana. El viernes, finalmente, el TOF Nº 2 fijaría las condenas definitivas, es decir, los años de prisión correspondientes a cada culpable del esquema de coimas.
La presidenta del tribunal expresó que se trató de “la causa más compleja que ha tenido que realizar este tribunal”, no solo por la multiplicidad de hechos y la cantidad de testigos y pruebas, sino porque le tocó juzgar a un par, a un juez. Además, fundamentó que “la acción de Bento constituyó una planificación sostenida” para diseñar una estructura patrimonial.
Las acusaciones contra el exjuez federal
Bento llegó a este día clave detenido, con prisión preventiva, en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo. Permanece allí desde noviembre de 2023, cuando fue destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, luego de haber sido suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura.
El exmagistrado está imputado como jefe de una asociación ilícita que, según la acusación, intervino en al menos 14 ó 15 hechos de cohecho. También enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que habrían configurado una red de corrupción dentro del sistema judicial mendocino.
El circuito de sobornos y beneficios procesales
La fiscalía sostiene que, desde 2007, el juzgado que encabezaba Bento ofrecía beneficios procesales, como libertades, sobreseimientos o imputaciones más leves, a personas investigadas en causas penales a cambio de dinero, vehículos de alta gama o propiedades. De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el presunto circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares.
Durante el debate oral se analizaron cientos de miles de fojas, volúmenes masivos de evidencia digital y declararon alrededor de 300 testigos. Sin embargo, el exjuez federal negó todas las acusaciones en sus últimas palabras ante el tribunal, afirmando que fue víctima de una persecución.
La situación de los familiares del exjuez
En el mismo proceso son juzgados familiares directos de Bento. Su esposa, Marta Boiza, está acusada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, mientras que su hijo mayor, Nahuel Bento, enfrenta cargos por operaciones ilegales de blanqueo de capitales.
En contraste, la fiscalía retiró la acusación por lavado contra Luciano Bento, otro de los hijos del exjuez, y el tribunal deberá resolver si hace lugar a la absolución solicitada. En su exposición final, Bento pidió que, en caso de que el tribunal entienda que hubo responsabilidades penales, no se extiendan a su familia.
Las últimas palabras del exjuez
Este lunes, Walter Bento hizo uso de sus últimas palabras ante el tribunal y volvió a negar los hechos. “Esto fue una cacería dirigida”, sostuvo, y afirmó que no se probó la existencia de ninguna coima. “No existen porque no las hay”, dijo ante las magistradas, a quienes les reclamó que “hagan justicia” al evaluar el caso.
Además, el exjuez reconoció haber cometido errores y habló de “cicatrices muy profundas” producto del proceso judicial. El juicio comenzó en julio de 2023 y estuvo a cargo de los fiscales María Gloria André y Dante Vega, con la intervención del titular de la Procelac, Diego Velasco.
La causa también alcanzó a abogados, exfuncionarios policiales y otros imputados señalados como organizadores o miembros de la red de corrupción. La definición de las condenas definitivas está prevista para el viernes, momento en el cual se conocerá el desenlace final de uno de los casos de corrupción judicial más importantes de los últimos años en Argentina.