El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó formalmente el cierre de la causa judicial que investiga una presunta retención indebida de aportes previsionales por más de 19 millones de pesos. La presentación fue realizada ante el juzgado en lo Penal Económico donde tramita la investigación iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El expediente también incluye a otros integrantes de la cúpula de la AFA, como el tesorero Pablo Toviggino, y busca determinar si la entidad retuvo aportes y tributos sin depositarlos en los plazos legales establecidos. El juez Diego Amarante solicitó al fiscal Claudio Navas Rial que emita su opinión sobre el pedido de sobreseimiento.
Argumentos de la defensa de Tapia
Los abogados defensores de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, aseguraron en su presentación que no hubo delito alguno, razón por la cual su defendido debería ser sobreseído. Según la estrategia legal, la retención indebida de aportes previsionales no configuró un accionar delictivo que amerite continuar con el proceso judicial.
Sin embargo, el fiscal mantiene su postura respecto a la gravedad de los hechos investigados. La conducta bajo análisis encuadra, según Navas Rial, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
Origen de la investigación por retención indebida
El expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador. Según el informe, la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales correspondientes, generando un perjuicio al Estado.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA. Adicionalmente, consideró necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación.
Ampliación de la investigación
Por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, el fiscal sostuvo que resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes. Entre los mencionados figuran Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Mientras tanto, Tapia y Toviggino también enfrentan otra investigación judicial por la compra de una propiedad de lujo en Pilar. La mansión bajo la lupa está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos declarados no serían compatibles para una adquisición de tal magnitud.
Irregularidades en la adquisición inmobiliaria
Uno de los datos que más llamó la atención de ARCA fueron los consumos con tarjeta de crédito de Pantano, que oscilaron entre los 130.000 y los 600.000 pesos. Esos gastos, al igual que los ingresos declarados, no guardan relación con la compra de una mansión valuada en alrededor de 10 millones de dólares ni con la tenencia de una flota de vehículos de alta gama.
La firma Real Central SRL, de Conte y Pantano, declara como actividad principal el servicio de taxis, remises y alquiler de autos con chofer, pero tampoco presenta ganancias registradas ante el organismo fiscal. Además, la empresa no tendría bienes inmuebles a su nombre en sus balances, pese a que en los registros oficiales figura como titular de inmuebles de altísimo valor.
El fiscal Navas Rial deberá expedirse sobre el pedido de cierre de la causa presentado por la defensa de Tapia en los próximos días. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han confirmado plazos específicos para resolver la solicitud de sobreseimiento.