El Gobierno nacional aseguró que está aplicando de manera gradual la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras prepara una estrategia para modificar la norma desde las sesiones ordinarias de marzo. La Casa Rosada confirmó que destinará recursos mínimos mensuales para no incurrir en infracción judicial, pero adelantó que no incorporará el gasto total anual a las asignaciones presupuestarias vigentes.
Esta postura constituye la respuesta oficial ante la intimación de la Justicia Federal que ordenó implementar las erogaciones desde el 4 de febrero e informar el avance de su ejecución. En Balcarce 50 admitieron que cumplen con los pisos legales mínimos establecidos por la normativa. Sin embargo, sostienen que la aplicación plena de la ley comprometería el equilibrio fiscal del Presupuesto 2026.
Impacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la implementación completa de la ley tiene un impacto anual de entre 0,28% y 0,51% del Producto Bruto Interno. Los equipos técnicos del oficialismo mantienen la postura de que su aplicación total derivaría en que el Presupuesto 2026 incurra en déficit fiscal. Esta proyección incluye también otros puntos del artículo XI que se cayó en la Cámara de Diputados durante el tratamiento legislativo.
Additionally, el Ejecutivo tiene lista una contrapropuesta que enviará al Congreso en las próximas semanas. El texto mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales para acotar su alcance económico.
Propuesta oficial para modificar la normativa
El proyecto del Gobierno establece la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. El texto también abarca una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo del Ministerio de Salud y la ANDIS.
Meanwhile, la iniciativa incluye una cláusula de referencia al Índice de Precios al Consumidor si no hay definición de aumentos por parte de las autoridades. El paquete de modificaciones abarca además cambios a la Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por resolver simultáneamente ambos frentes de conflicto presupuestario.
Cambios en el financiamiento universitario
Para las universidades, el Ejecutivo impulsa la actualización automática mediante un esquema acotado que contempla un 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025. La propuesta incluye actualización salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.
In contrast, esta fórmula resulta más limitada que las demandas originales del sector educativo. El Gobierno busca negociar con los gobernadores aliados para obtener los votos necesarios y no descarta sumar estas modificaciones a las negociaciones sobre los cambios tributarios de la reforma laboral.
Estrategia parlamentaria del oficialismo
Fuentes oficiales expresaron que la Casa Rosada condiciona acuerdos en otros temas a la aprobación de estos cambios. “Si quieren que nos pongamos de acuerdo, que nos voten a favor en Discapacidad y Universidades”, señalaron desde el entorno gubernamental.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio un plazo de dos semanas al Gobierno para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero y lo intimó a acreditar su cumplimiento. La decisión se adoptó sin un pronunciamiento previo de la Cámara Federal de San Martín, donde se encuentra en trámite la apelación presentada por la Procuración General del Tesoro.
El oficialismo planea presentar formalmente el proyecto de modificación al inicio de las sesiones ordinarias en marzo, aunque aún no confirmó una fecha precisa de envío al Congreso.