La senadora Patricia Bullrich adelantó el tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad de menores tras el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años de Santa Fe. El crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años, lo que reinstaló el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en Argentina.
El debate había avanzado durante 2025 en la Cámara de Diputados, donde se logró dictamen tras analizar una docena de proyectos de diferentes fuerzas políticas. Allí se estableció la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque el proyecto perdió estado parlamentario al finalizar el período legislativo.
El impulso presidencial por la baja en la edad de imputabilidad
El presidente Javier Milei planteó el tema ante la asamblea legislativa del 1 de marzo de 2025, según informó el Congreso. “Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos”, afirmó el mandatario ante los legisladores.
Días antes, una nena de siete años, Kim Gómez, había muerto durante un violento robo en Altos de San Lorenzo, La Plata. El hecho fue perpetrado por dos menores, uno de 14 y otro de 17 años, lo que motivó el pronunciamiento presidencial sobre la urgencia de modificar el régimen penal juvenil.
Milei sostuvo en aquella ocasión que la ley llegaría tarde porque uno de los acusados del asesinato de Kim tenía 14 años y no podía ser juzgado. “El otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que no hubiera estado libre desde un principio”, agregó el presidente.
La posición de Patricia Bullrich sobre el régimen penal juvenil
Tras el crimen de Monzón y la viralización del video de su muerte, la senadora libertaria Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales un contundente mensaje. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, escribió la exministra de Seguridad.
Bullrich agregó que el sistema actual permite que menores responsables de robos violentos, homicidios y asesinatos queden libres e impunes. “Al menor que delinque, las paga. Sin consecuencias, vía libre para delinquir”, afirmó la senadora, quien propuso adoptar el mismo estándar que rige en países vecinos.
La legisladora señaló que el nuevo esquema debería incluir responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. “Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó en su declaración pública.
El dictamen de 2025 como antecedente
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes trabajó durante varios meses consensuando 12 proyectos de ley. Estas iniciativas establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años, según informó la Cámara de Diputados.
El dictamen de mayoría obtuvo las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Este amplio consenso modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.
Finalmente, el plenario liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado estableció que el régimen penal se modifique de los 16 a los 14 años. Además, se fijaron penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años, incluyendo servicios comunitarios y reparaciones económicas.
Las sanciones previstas para menores infractores
El dictamen de mayoría estableció en el nuevo sistema sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas. Entre las medidas complementarias se incluyen asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral, según el texto consensuado.
Las sanciones alternativas contempladas abarcan amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios.
El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años. La suspensión del juicio a prueba sería aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.
En contraste, la bancada de Unión por la Patria sostuvo que la edad no debía modificarse y debía permanecer en los 16 años. El Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.
El consenso alcanzado en 2025 servirá como antecedente fundamental para reanudar el debate en las comisiones del Congreso. Las autoridades legislativas aún no confirmaron cuándo se convocará nuevamente el plenario para retomar el tratamiento del proyecto.