La discusión por la reforma laboral ingresó en una fase crítica con movimientos políticos y parlamentarios que definen el futuro del proyecto. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro que funcionó como señal política hacia el gobierno nacional. Ambos mandatarios ratificaron que comparten la necesidad de actualizar el marco laboral, pero advirtieron que no respaldarán iniciativas que afecten los recursos provinciales.
La cumbre se desarrolló mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para tratar la reforma laboral en el Senado el próximo 11 de febrero. Los gobernadores dialoguistas analizan costos y beneficios en un escenario de fragmentación política y apoyos condicionados que complica el panorama legislativo.
Reparos fiscales de las provincias a la reforma laboral
Llaryora y Pullaro coincidieron en que la modernización debe atender los cambios tecnológicos y aliviar la carga sobre las pymes, especialmente en lo referido a los costos de la litigiosidad laboral. Sin embargo, expresaron reparos sobre los puntos fiscales del proyecto, en particular la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas por su impacto en la coparticipación.
Según consignó la agencia NA, ambos mandatarios plantearon que una baja de impuestos no debería recaer solamente sobre tributos coparticipables. Además, señalaron que existen gravámenes nacionales que podrían revisarse sin afectar las arcas provinciales.
De acuerdo con informes técnicos citados por la agencia, de avanzar la reforma laboral tal como está planteada, podría alcanzar a más de 3,1 billones de pesos de la masa coparticipable. Este impacto recaería directamente sobre los presupuestos provinciales en un contexto económico delicado.
Pullaro sostuvo que Santa Fe y Córdoba son provincias que traccionan producción y empleo, y remarcó que el interior no pide asistencia sino condiciones para trabajar. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, afirmó el gobernador santafesino.
El oficialismo suma respaldos para la modernización laboral
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzó con su ronda de contactos y logró que cinco gobernadores manifestaran su disposición a acompañar el tratamiento de la ley. Según la Cartera, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Alberto Weretilneck expresaron su respaldo político a la iniciativa.
El último encuentro fue con el gobernador de Río Negro. De acuerdo con un comunicado oficial, los funcionarios nacionales y Weretilneck coincidieron en que el proyecto de modernización laboral es clave para generar empleo y dar previsibilidad al sector productivo. Además, señalaron que el texto permite que las empresas incorporen más trabajadores a la economía formal.
Intenso trabajo técnico con el sector privado
El oficialismo también intensificó el trabajo técnico en las últimas jornadas. El equipo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado mantuvo reuniones con asesores de senadores aliados y con más de 20 instituciones empresariales. Entre ellas se encuentran la CAME, la UIA, la CAC, Camima y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.
La comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes, junto con el secretario parlamentario Cristian Larsen, encabezó esos encuentros. El objetivo es llegar al recinto con el mayor consenso posible y evitar sorpresas durante el debate legislativo.
Estrategias diferenciadas de los gobernadores
Patricia Bullrich ya convocó a su bancada para el 2 de febrero con el fin de evaluar el temario de las sesiones extraordinarias. El presidente Javier Milei habilitó el período extraordinario entre el 2 y el 27 de febrero para avanzar con las reformas pendientes.
Mientras algunos gobernadores ya se alinearon con el Gobierno, otros como Llaryora y Pullaro optaron por una estrategia intermedia. Reconocen la necesidad de una reforma laboral, pero reclaman cambios de fondo para proteger recursos coparticipables y evitar el deterioro de las finanzas provinciales.
La definición final quedará en manos del debate legislativo programado para el 11 de febrero. Hasta ese momento, continuarán las negociaciones entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales para intentar alcanzar los consensos necesarios y asegurar la aprobación del proyecto en el Senado.