El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su preocupación ante la exclusión del tratamiento de acuerdos para la designación de jueces en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. La falta de avance en las vacantes judiciales representa un obstáculo significativo para el funcionamiento del sistema de justicia argentino, según señaló el abogado.
Actualmente, la Justicia argentina enfrenta 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002 posiciones, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva. De ese total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Justicia Federal del interior, y 49 a la Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de los colegios profesionales por las vacantes judiciales
En septiembre de 2025, el Colegio Público de la Abogacía, junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presentaron un reclamo administrativo al Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo era que se enviaran los pliegos de los cargos vacantes en la justicia federal y nacional para su tratamiento legislativo.
Gil Lavedra, quien fuera parte del tribunal que enjuició a los comandantes de la última dictadura, reiteró que “la cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”. Además, añadió que “el Ejecutivo debe cumplir con su obligación constitucional y remitir los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
Según sus declaraciones, la situación es de “enorme gravedad para la administración de justicia”, y concluyó que “se está obstaculizando arbitrariamente la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la justicia en procura de la tutela de sus derechos”. Esta crítica pone de manifiesto las consecuencias directas que las demoras en las designaciones tienen sobre los justiciables.
Antecedentes y promesas incumplidas sobre las designaciones
El entonces senador Martín Lousteau (UCR), hoy diputado en el interbloque Unidos, presentó en 2025 un proyecto de resolución señalando su preocupación por las numerosas vacantes en los cargos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. El legislador indicó que esta situación “obstaculiza enormemente su funcionamiento”.
En sus fundamentos, Lousteau recordó que el presidente Javier Milei hizo referencia a la cobertura de vacantes en la justicia durante su mensaje al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias de 2025. “Nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal”, había señalado el Presidente el 1 de marzo del año pasado, mencionando que representaban alrededor del 40% de los magistrados.
Sin embargo, en el cierre del año judicial en diciembre último, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, expresó su preocupación por la cobertura de vacantes judiciales. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, responsabilizó de las demoras a la oposición parlamentaria, calificándola como “una máquina de impedir que no nos permitió avanzar”.
El proceso constitucional para designar magistrados
La Comisión de Acuerdos del Senado, integrada por 17 senadores nacionales, es el organismo encargado de evaluar las propuestas de designación de magistrados. Hasta el 9 de diciembre pasado fue presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), pero la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá conformarla nuevamente.
Según establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el Presidente nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en el recinto. Para los jueces de los tribunales federales inferiores, se requiere una propuesta vinculante en terna remitida por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, trabaja actualmente en controlar la comisión con un nuevo titular afín al oficialismo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado cuándo se enviará el temario de designaciones al Congreso ni cuándo se tratarán los acuerdos pendientes.