El Gobierno de Javier Milei atraviesa su tercer año con una posición consolidada como la principal fuerza política en el Congreso, pero sin lograr mayorías automáticas que le permitan aprobar iniciativas sin negociar. La nueva correlación de fuerzas parlamentarias refleja mayor peso relativo del oficialismo, aunque persiste una marcada fragmentación que otorga un rol decisivo a los bloques dialoguistas y provinciales en cada votación clave.
En la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza ronda las cien bancas sobre un total de 257, mientras que en el Senado el oficialismo suma veinte legisladores de los 72 totales. Ninguna fuerza alcanza por sí sola las mayorías necesarias para controlar la agenda legislativa, lo que convierte cada sesión en una instancia de negociación intensa con aliados circunstanciales.
Composición parlamentaria sin mayorías automáticas
En Diputados, La Libertad Avanza cuenta con 95 bancas propias, a las que se suman 22 de bloques aliados como el PRO, la UCR y otros espacios provinciales, totalizando 119 legisladores. Sin embargo, esta cifra está lejos de los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum y los 131 requeridos para aprobar leyes ordinarias.
La oposición principal, integrada por Unión por la Patria con 93 bancas y el Frente de Izquierda-Unidad con cuatro, reúne 97 diputados. Adicionalmente, 43 legisladores conforman bloques provinciales o independientes sin alineación fija, siendo Provincias Unidas el más numeroso con 22 integrantes.
En el Senado, la situación es igualmente equilibrada. Tras las últimas elecciones legislativas, el peronismo perdió la hegemonía histórica y se quedó con apenas 21 bancas. El oficialismo suma 20 senadores propios más tres aliados del PRO, mientras que la UCR conformó un bloque de diez legisladores y diversos espacios provinciales controlan 16 escaños.
Negociaciones constantes en el Congreso
La ausencia de un bloque dominante obliga al Gobierno a construir acuerdos coyunturales para cada iniciativa legislativa. Las leyes no se aprueban por disciplina partidaria automática sino mediante negociaciones que incluyen concesiones fiscales, obras de infraestructura y compromisos presupuestarios con las provincias.
Adicionalmente, los bloques provinciales adquirieron centralidad estratégica al posicionarse en el punto justo para inclinar la balanza en votaciones ajustadas. Estos legisladores responden principalmente a los intereses territoriales de sus gobernadores, condicionando su respaldo a beneficios concretos para sus distritos.
La dinámica quedó expuesta durante la aprobación del Presupuesto 2026, que funcionó como prueba de esta nueva correlación de fuerzas. El oficialismo logró la sanción con una combinación de votos del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, tras intensas negociaciones que incluyeron garantías sobre partidas específicas.
El Presupuesto 2026 como caso testigo
En Diputados, el Presupuesto se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Sin embargo, en la votación en particular, el capítulo XI fue rechazado por 123 votos en contra, evidenciando las divisiones internas incluso entre los aliados del oficialismo.
Ningún bloque aliado aportó votos de manera homogénea. En el radicalismo y el PRO hubo divisiones significativas, con legisladores que acompañaron en general pero se abstuvieron o rechazaron artículos específicos, lo que obligó al Gobierno a sostener negociaciones incluso durante la sesión.
Resultó clave el apoyo de gobernadores peronistas dialoguistas como Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Estos mandatarios provinciales inclinaron la balanza a cambio de garantías sobre transferencias automáticas y ejecución de programas nacionales en sus territorios.
El Senado como filtro decisivo
En la Cámara Alta, el equilibrio resulta aún más sensible debido a que se requieren 37 votos para alcanzar la mayoría simple y 48 para las leyes que exigen dos tercios. Este umbral convierte al Senado en un espacio de contención del impulso del Ejecutivo cuando carece de una fuerza dominante.
La lógica territorial predomina en esta cámara, donde cada voto responde principalmente a los intereses de un gobernador antes que a lineamientos partidarios nacionales. El debate del Presupuesto 2026 confirmó esta realidad, con senadores de provincias dependientes de transferencias nacionales jugando un rol determinante.
En contraste con gobiernos anteriores que contaban con bloques peronistas orgánicos o acuerdos interbloques más estables, el actual mapa político intensificó la necesidad de consensos previos para cada iniciativa. El Senado no bloquea sistemáticamente, pero tampoco habilita avances sin respaldo territorial suficiente.
Desafíos legislativos pendientes
La reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares se perfilan como los próximos grandes test legislativos para el Gobierno. En ambos casos, el impacto sobre las provincias determinará buena parte de los apoyos y resistencias en el Congreso.
En la reforma laboral, el Gobierno busca respaldo en legisladores vinculados a gobernadores mediante transferencias de recursos bajo un esquema controlado. No obstante, el acompañamiento no es automático y dependerá de compensaciones fiscales concretas y de la redacción final del proyecto.
Por otra parte, la discusión por la Ley de Glaciares expone aún más la lógica federal, ya que las provincias mineras concentrarán los apoyos a una modificación que amplía las zonas de explotación. Los bloques provinciales y legisladores alineados con gobernadores mineros aparecen como garantes del avance de esta iniciativa.
Respaldo internacional como activo político
En este esquema de poder fragmentado, el respaldo explícito de Donald Trump funciona para Javier Milei como un refuerzo político que excede la política exterior y genera impacto en el clima interno. Si bien no modifica la composición parlamentaria, consolida la narrativa del presidente como actor con proyección global.
El apoyo de Trump fortalece la posición negociadora del Ejecutivo sin reemplazar la necesidad de acuerdos internos con los bloques provinciales. En un escenario de minoría legislativa, este respaldo externo se convierte en un activo político indirecto que contribuye a construir autoridad presidencial.
Los próximos meses definirán si el Gobierno logra mantener esta capacidad de articulación política para avanzar con su agenda legislativa. La experiencia del Presupuesto 2026 demostró que gobernar sin mayorías automáticas implica negociar cada votación, convirtiendo a las provincias en el eje de la toma de decisiones parlamentarias.