La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y movimientos de dinero sin respaldo documental. Según la presentación judicial, se detectaron irregularidades que involucran al menos 235 millones de pesos, aunque el monto podría aumentar a medida que avance la investigación.
De acuerdo a fuentes judiciales, esta denuncia constituye una presentación nueva surgida de tareas específicas de fiscalización realizadas por ARCA. La investigación no representa una ampliación de causas previas sino un expediente independiente que pone bajo la lupa un conjunto de empresas que habrían cobrado sumas millonarias sin prestar servicios reales.
Empresas fantasma y domicilios inexistentes en la denuncia contra la AFA
El eje central de la acusación está puesto en un grupo de al menos 15 sociedades comerciales que habrían emitido facturas apócrifas a la AFA. Entre las firmas identificadas figuran ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A.
Según la DGI, estas empresas habrían facturado por supuestos trabajos de obras, mantenimiento, reformas o servicios diversos sin que existiera una correlación verificable entre lo facturado y su capacidad operativa real. La operatoria habría sido utilizada para ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.
ID Constructora: millones facturados desde un local cerrado
Uno de los casos más llamativos es el de ID Constructora S.R.L., que según el relevamiento oficial no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado, el cual se encontraba cerrado con candado. Vecinos del lugar manifestaron desconocer la existencia de la firma, que además no respondió los requerimientos formales cursados por ARCA.
La empresa declaró una facturación de 2904 millones de pesos en 2023, mientras que las acreditaciones bancarias registradas en el mismo período apenas superaron los 419 mil pesos. Para la AFA, esta firma facturó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de 44,7 millones de pesos por conceptos vinculados a restauración, mantenimiento y reparaciones en predios y edificios.
Sin embargo, la DGI señaló que la empresa no posee bienes registrables, tiene la CUIT inactiva y no cuenta con personal ni compras acordes al nivel de actividad declarado. Esta discrepancia entre lo facturado y la estructura empresarial constituye uno de los principales indicios de la presunta irregularidad.
Meroka S.R.L. y el domicilio en edificio residencial
Un patrón similar se detectó en Meroka S.R.L., firma que tampoco pudo ser localizada y cuyo domicilio fiscal corresponde a un edificio residencial donde varios ocupantes manifestaron no conocerla. En 2023 declaró una facturación superior a los 561 millones de pesos, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de apenas 67 millones de pesos.
Para la AFA, Meroka facturó en enero y febrero de 2023 un total de 6,8 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza. Adicionalmente, la DGI destacó que la empresa está inscripta en múltiples actividades sin relación entre sí —desde fast food hasta servicios de salud y venta de cereales— y que declara una dotación mínima de personal, limitada al socio gerente.
Maxstore y Central Hotel: más irregularidades detectadas
En el caso de Maxstore S.A., la investigación determinó que la empresa declaró como actividad la construcción de obras de ingeniería civil, aunque hasta noviembre de 2022 figuraba inscripta en rubros ajenos a la construcción. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal: el encargado del edificio afirmó desconocerla y señaló que el departamento es utilizado para alquileres temporarios a través de Airbnb.
Mientras tanto, Central Hotel S.R.L. facturó a la AFA en noviembre y diciembre de 2023 un total de 9,6 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y registra escasas acreditaciones bancarias en relación con su nivel de facturación.
Además, su actividad principal declarada es la hotelería, un rubro que, según la DGI, no guarda relación con los trabajos facturados. El organismo también consignó que cheques emitidos por la AFA fueron utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la actividad de hacienda.
Contexto de presión institucional sobre la conducción de la AFA
El caso se inscribe en un contexto de mayor presión institucional sobre la conducción de la AFA, que también enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Este organismo intimó a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores, considerando insuficiente la información proporcionada hasta el momento.
La acumulación de denuncias y procedimientos administrativos refleja un escrutinio creciente sobre la gestión económica y financiera de la entidad rectora del fútbol argentino. Las autoridades judiciales deberán ahora determinar si corresponde la apertura de una instrucción formal y qué medidas procesales se adoptarán en relación con las empresas señaladas y los responsables de aprobar los pagos cuestionados.