El Gobierno de Javier Milei intensifica las negociaciones para asegurar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, lidera junto a su equipo técnico una serie de reuniones con diversos sectores empresariales, sindicales y legisladores aliados para pulir el proyecto.
Según pudo conocerse, el equipo de Bullrich se reunió en los últimos días con representantes de más de 20 instituciones, incluyendo CAME, la Cámara de Comercio, la UIA, la Comisión de Enlace de entidades Agropecuarias y empresas pesqueras. Paralelamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene encuentros con gobernadores provinciales para sumar apoyos en ambas cámaras.
Estrategia de diálogo para la reforma laboral
La estrategia oficial combina reuniones técnicas en el Senado con la articulación política territorial que encabeza Santilli. Los encuentros continuarán durante esta semana y la próxima, según confirmaron fuentes oficiales. La intención del Gobierno es lograr el mayor consenso posible antes del debate en el recinto programado para el 11 de febrero.
Patricia Bullrich ya convocó a su bancada para el 2 de febrero con el objetivo de evaluar el temario de las sesiones extraordinarias que el Presidente habilitó desde el 2 hasta el 27 de febrero. La comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario Cristian Larsen, intensificó los contactos con asesores de senadores aliados y representantes sectoriales.
Los puntos controversiales que generan debate
Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo 126, que propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Este cambio obligaría a renegociar los convenios cuando venzan, a diferencia del sistema actual donde mantienen vigencia hasta acordar uno nuevo.
Fuentes del ámbito industrial consultadas por medios especializados explicaron que esta modificación genera incertidumbre jurídica y vacíos normativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. “Para nosotros es un lío renegociar. Es impracticable”, señalaron representantes empresariales, destacando diferencias en el impacto entre compañías grandes y chicas.
Adicionalmente, las cámaras empresariales cuestionaron el artículo 128, que prohíbe aportes obligatorios para asociaciones empresarias mientras preserva los sindicales. Las organizaciones calificaron esta medida como desigual y discriminatoria, argumentando que debilitaría la representación patronal en las negociaciones colectivas.
Críticas a la priorización de convenios por empresa
Los artículos 130 y 131 también generaron controversia al priorizar convenios por empresa sobre los sectoriales. Para las organizaciones empresariales, esto fragmentaría el marco regulatorio y podría introducir disparidades salariales injustificadas que vulnerarían el principio de igual paga por igual labor.
El artículo 132, que otorga al Estado facultades para suspender convenios colectivos por “distorsiones económicas graves” o “interés general”, fue señalado como una disposición que añade imprevisibilidad. Las cámaras advirtieron que esta potestad discrecional perjudica la planificación empresarial y laboral.
La posición de los gobernadores provinciales
Los mandatarios provinciales emergen como actores clave en la negociación de la reforma laboral. Desde una gobernación consultada indicaron que “en algunos aspectos, el proyecto de modernización laboral tiene que ver con lo que se necesita”, aunque remarcaron la necesidad de encontrar equilibrios.
En tanto, el entorno del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó que “el país necesita una modernización laboral que les permita a las pymes sostener los empleos y que muchas personas que están en negro puedan pasar a estar en blanco”. Esta postura refleja una apertura al diálogo con el oficialismo nacional.
Sin embargo, fuentes cercanas al gobernador cordobés Martín Llaryora advirtieron sobre la importancia de “manejar los tiempos de la discusión”. “Vamos tema por tema y en cada tema sentaremos posiciones. No tenemos apuro ni nos mueve el interés en un ATN”, desafiaron representantes del mandatario cordobés.
Desde Catamarca, el gobernador Raúl Jalil consideró que “algo hay que cambiar”, aunque el proyecto está siendo estudiado por los legisladores provinciales. Jalil y su par de San Juan, Marcelo Orrego, habían respaldado previamente otras iniciativas del Gobierno nacional, como la Ley de Glaciares.
El debate de la reforma laboral está previsto para el 11 de febrero en el Senado, aunque la aprobación dependerá del éxito de las negociaciones en curso. Las reuniones continuarán durante las próximas semanas mientras el oficialismo busca los votos necesarios para garantizar la sanción del proyecto.