El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció que apelará ante la Justicia la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional por un período de 12 meses. La medida fue implementada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de fondos e infraestructura. Según declaró el mandatario provincial, “es ilegal lo que hicieron, no hay fundamentos”.
La apelación será presentada en las próximas horas, mientras que la provincia sostiene que la decisión esconde “algún negocio detrás” y reabre el debate sobre una posible privatización del puerto. La vicegobernadora Mónica Urquiza se reunió con trabajadores del lugar este miércoles, y se espera que este jueves se solicite formalmente el levantamiento de la medida.
Inspecciones revelaron fallas graves en la infraestructura portuaria
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación fundamentó la intervención del puerto de Ushuaia tras inspecciones que revelaron deficiencias estructurales significativas. De acuerdo al organismo, se comprobó el faltante de pilotes en el muelle, defensas gastadas y deterioros en la carpeta asfáltica. Además, se constató obsolescencia en los sistemas de protección contra incendios y carencias en señalización y alumbrado.
La disposición oficial señaló que la Comisión de Inspección advirtió un deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial, particularmente en el Sitio 3. Las irregularidades detectadas configuraban, según el informe, un escenario de incumplimiento grave que comprometía la habilitación del puerto.
Irregularidades administrativas y uso cuestionado de fondos
Además de los problemas de infraestructura, la intervención del puerto de Ushuaia se sustentó en irregularidades administrativas y financieras. Durante el operativo, el organismo nacional no encontró registros adecuados de ingresos y egresos de dinero. Llamativamente, las compras fueron tercerizadas a una empresa habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.
Según la normativa vigente, el presupuesto del puerto solo puede destinarse a inversiones en la propia instalación portuaria. Sin embargo, las inspecciones constataron que la administración provincial utilizó un 33% del presupuesto para subsidiar las arcas de la provincia. En contraste, solo un 1,3% fue destinado a obras y servicios que mejoren la calidad operativa.
Las empresas navieras que operan en el puerto expresaron su preocupación ante las autoridades nacionales, mientras que trabajadores denunciaron un presunto vaciamiento del lugar. Estos reclamos motivaron las inspecciones que derivaron en la decisión gubernamental. La Agencia informó que todas estas fallas fueron comunicadas debidamente a la provincia de Tierra del Fuego.
Tensión política entre Nación y la provincia fueguina
El conflicto por la intervención del puerto de Ushuaia se enmarca en una serie de cruces entre el gobierno de Javier Milei y la administración provincial desde el inicio de la gestión libertaria. Recientemente, Melella criticó la quita de aranceles a teléfonos celulares importados, asegurando que “tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”.
La provincia fueguina considera que existe un trasfondo económico detrás de la medida y teme que se busque avanzar hacia una privatización del puerto. Adicionalmente, las autoridades locales cuestionan la legalidad del procedimiento y sostienen que no existen fundamentos suficientes para justificar la intervención administrativa.
Gestión operativa durante el período de intervención
Durante los 12 meses que durará la intervención, el puerto será asistido por la Prefectura Naval Argentina, que asumirá las tareas operativas y garantizará las condiciones de seguridad. No obstante, las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino con capacidad técnica y conocimiento específico del lugar.
El organismo nacional aclaró que la medida no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones laborales vigentes. Se trata de una puesta a disposición momentánea del personal idóneo necesario para garantizar la prestación de los servicios portuarios de manera segura y eficiente.
Una vez vencido el plazo de 12 meses, las autoridades nacionales evaluarán si la situación del puerto se regularizó para levantar la disposición o si resulta necesario extender la intervención. Mientras tanto, la definición judicial sobre la apelación presentada por el gobierno provincial podría modificar el curso de los acontecimientos en los próximos días.