La Inspección General de Justicia (IGJ) consideró insuficiente la documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según informaron fuentes familiarizadas con el análisis. La entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia entregó balances correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024, pero el organismo detectó falta de detalles en conceptos clave de las cuentas de la AFA. Esta situación deja abierta la posibilidad de que la IGJ exija una ampliación de la información antes de tomar decisiones definitivas sobre el control de la entidad.
Según indicó TN, aunque la AFA “abrió los números”, no habría detallado de manera adecuada los conceptos que componen varias de las partidas observadas. Los balances fueron evaluados tras las audiencias realizadas con los contadores que auditaron las finanzas de la institución futbolística. El organismo que dirige Daniel Vítolo descartó por ahora la designación de un veedor oficial, aunque aclaró que esa definición es provisoria.
Gastos de la Selección sin desglose detallado
Uno de los principales cuestionamientos de la IGJ se centra en gastos vinculados a la logística de la Selección Argentina que figuran de manera global en las cuentas de la AFA. Según las fuentes consultadas, no existe un desglose que permita conocer con precisión cómo se utilizó el dinero. “Se informó cuánto se gastó, pero no en qué se gastó”, resumieron desde el organismo de control.
Esta falta de especificación constituye uno de los puntos que la IGJ analiza con mayor atención. La presentación firmada por Tapia fue evaluada después de las audiencias con los profesionales que certificaron los estados financieros de la AFA y de la Liga Profesional. Sin embargo, la ausencia de información detallada podría derivar en nuevos requerimientos por parte del organismo fiscalizador.
Información faltante sobre la Universidad de la AFA
Otro de los puntos sensibles identificados es la falta total de información sobre la Universidad de la AFA (UNAFA). De acuerdo con las fuentes, la entidad no habría aportado ningún dato sobre su funcionamiento ni sobre el destino de los fondos utilizados para ese proyecto educativo. La IGJ intimó a la AFA a responder sobre este tema, con un plazo que venció el 20 de enero, según indicaron medios locales.
El incumplimiento de esta presentación podría agravar la situación de la entidad futbolística. Además, la falta de transparencia en este aspecto alimenta las sospechas sobre el manejo de recursos en proyectos vinculados a la asociación. Desde la IGJ explicaron que el análisis de la documentación presentada llevará varios días y que, si se detectan inconsistencias relevantes, la designación de un veedor podría reactivarse.
Audiencias con auditores y Liga Profesional
Las audiencias recientes incluyeron la comparecencia de los auditores de distintos períodos: Claudia Carraro (2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024). Desde la IGJ destacaron una actitud colaborativa de los profesionales, quienes explicaron los estados financieros y los procedimientos utilizados. En el balance cerrado al 30 de junio de 2024, el organismo subrayó que la AFA finalmente desagregó partidas que antes figuraban de manera global.
También declaró el auditor de la Liga Profesional, Fernando Dubois, quien reconoció no haber respondido en tiempo y forma a observaciones sobre los ejercicios 2020 a 2024. Según fuentes oficiales, pidió disculpas y se comprometió a presentar las aclaraciones antes del vencimiento del plazo establecido. Este compromiso forma parte del proceso de transparencia que la IGJ busca implementar en las entidades deportivas.
Controversia por cambio de jurisdicción
Mientras tanto, la conducción de la AFA negó irregularidades contables y rechazó acusaciones de malversación. La entidad además defendió el cambio de jurisdicción que trasladó su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Desde la IGJ aclararon que los veedores no convalidan decisiones, sino que solo dejan constancia de lo ocurrido.
Vítolo sugirió que la mudanza podría tener una motivación política, ya que el organismo solo fiscaliza entidades con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el organismo también negaron haber recibido una notificación formal de la Provincia sobre ese traspaso jurisdiccional. Por ahora, no hay imputaciones penales desde la IGJ contra la AFA o sus directivos, reiterando que solo se trata de un ejercicio administrativo de control.
La IGJ continuará analizando la documentación presentada en los próximos días para determinar si resulta necesario exigir información adicional o reactivar la designación de un veedor oficial. Las autoridades no han confirmado plazos específicos para una resolución definitiva, aunque se espera que el organismo emita un pronunciamiento una vez completado el estudio de los balances y estados contables.