El oficialismo decidió modificar a último momento el proyecto de reforma laboral al mantener el artículo que regula los aportes solidarios obligatorios, una medida que reactivó una intensa controversia dentro del sector empresario argentino. La decisión, que altera el texto original presentado por el Gobierno, cambió el eje de los reclamos entre las cámaras empresarias y volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de la negociación colectiva y las entidades representativas.
El texto modificado de la reforma laboral establece un tope de aporte del 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores y pospone hasta 2028 la entrada en vigencia del carácter voluntario de estas contribuciones. Esta modificación generó nuevas críticas de entidades empresarias que hasta ese momento respaldaban la iniciativa oficial, según trascendió en los últimos días.
Posiciones enfrentadas entre las cámaras empresarias
Antes de la modificación, el debate por los aportes solidarios en la reforma laboral había expuesto profundas divisiones dentro del empresariado. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtieron sobre los efectos que tendría la eliminación de esas contribuciones en la representación empresaria y en el funcionamiento de las paritarias.
En documentos enviados al Senado, esas entidades cuestionaron especialmente el artículo 128 del proyecto original. Consideraron que prohibía los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias mientras mantenía los de los sindicatos, lo que generaba un desequilibrio en la negociación colectiva, según plantearon en reuniones con equipos técnicos del oficialismo.
Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, expresó ante el Senado el acompañamiento general a la reforma, pero señaló objeciones puntuales sobre algunos artículos vinculados al financiamiento de las entidades representativas. Estas advertencias reflejaban la preocupación de un sector del empresariado sobre la sostenibilidad del esquema de representación gremial.
El cambio de estrategia y las nuevas críticas
La exclusión del artículo que eliminaba los aportes obligatorios modificó radicalmente el escenario político. Cámaras que habían respaldado el texto original de la reforma laboral comenzaron a cuestionar la nueva redacción y denunciaron que se mantienen “costos ocultos” dentro de los convenios colectivos tras el cambio introducido por el oficialismo.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) rechazaron la modificación y señalaron que la decisión permite sostener un esquema de recaudación obligatoria sin mecanismos claros de rendición pública. En ese sentido, apuntaron al funcionamiento del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), financiado mediante aportes patronales establecidos en el convenio mercantil.
El aporte al Inacap equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A y alcanza a más de un millón de trabajadores del sector comercio. Según cálculos del sector, esto representa unos $30.000 millones anuales, una recaudación que crece automáticamente con cada aumento salarial acordado en paritarias.
Apoyo que se transformó en rechazo
La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) habían respaldado públicamente el proyecto original de reforma laboral. Ambas entidades celebraron inicialmente la eliminación de los aportes obligatorios al sostener que esos mecanismos vulneran el principio de libertad de asociación y encarecen el costo laboral no salarial.
José Luis Ammaturo, secretario general de Camima, había remarcado que la cámara acompañaba la iniciativa oficial porque promovía una modernización estructural del sistema laboral. En la misma línea, Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC, sostuvo que eliminar normas que afectan la libertad de elección de las empresas es parte del cambio institucional que necesita el país.
Sin embargo, con el nuevo texto en circulación, esas entidades consideraron que el proyecto dejó de reflejar el espíritu original de la reforma laboral. La decisión de retirar el artículo reabre el conflicto, aunque esta vez en sentido opuesto al planteado inicialmente por el Gobierno.
Ammaturo expresó su lamento tras conocer la modificación en el proyecto de reforma laboral. “Es incomprensible que el Gobierno haya cedido en el tema de los aportes solidarios. Cuando hablamos de libertad, la libertad es que cada uno se asocie a la cámara que quiera, sin la obligatoriedad de pagar un aporte”, remarcó el dirigente empresario según declaraciones públicas.
El debate del proyecto de reforma laboral estaba programado para esta semana en el Senado, durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso. La controversia por los aportes solidarios complica el escenario político de una iniciativa que el oficialismo pretende acelerar, aunque las tensiones dentro del sector empresario agregan incertidumbre sobre el resultado final de las negociaciones legislativas.