Argentina presentó una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA) ante la Justicia de Estados Unidos en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La presentación se dio en respuesta a los pedidos de información de Burford Capital, la firma británica que reclama el pago de US$16.000 millones más intereses por la estatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Pese a la entrega de la declaración jurada, el Gobierno de Javier Milei advirtió que no proporcionaría detalles específicos sobre la ubicación de las reservas de oro. Los representantes del país argumentaron que revelar información sobre la localización o movimientos de estos activos podría afectar la gestión de liquidez, el manejo de reservas y hasta el funcionamiento normal del BCRA.
Por qué Argentina protege la información sobre las reservas de oro
Según el escrito enviado al despacho de la jueza Loretta Preska, el BCRA entiende que cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener en custodia sus activos de reserva podría tener un impacto en la política monetaria y cambiaria implementada. Además, sostiene que afectaría el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero.
El documento, compartido en X por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, señala que este criterio se encuentra alineado con el interés público y con las políticas implementadas por el BCRA para la preservación de sus activos. “Por las razones expuestas, no podemos dar curso a su solicitud”, concluye el comunicado oficial.
Por otra parte, Maril señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que no posee información no pública sobre la ubicación o cuentas del oro del Banco Central, ya que su custodia corresponde exclusivamente a la entidad monetaria. Esta aclaración busca delimitar las responsabilidades entre el Ministerio de Economía y el BCRA en el manejo de las reservas internacionales.
El contexto del reclamo de Burford Capital
En las últimas semanas, la tensión entre los beneficiarios del fallo y Argentina escaló significativamente porque Burford Capital pidió no solo la moción de desacato, sino también información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro del BCRA. El fondo litigante busca identificar activos argentinos que puedan ser ejecutados para cobrar la sentencia de primera instancia.
La Procuración del Tesoro respondió que las reservas son propiedad del Banco Central y que están protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, que constituyen activos no ejecutables. Por lo tanto, cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente, según la posición del Estado argentino.
La Procuración destacó que Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa y aseguró que produjo más de 115.000 páginas de documentos. Sin embargo, la entrega de información sobre las reservas de oro del Banco Central representa una línea roja que el Gobierno no está dispuesto a cruzar.
Las audiencias y próximos pasos en el juicio de YPF
El 29 de enero, las autoridades de la Procuración del Tesoro que representan a Argentina mantuvieron una audiencia con representantes de Burford Capital en medio del juicio por la expropiación de YPF en Nueva York. Durante el encuentro, el país acusó presiones inaceptables de los demandantes y defendió su postura respecto a la protección de activos soberanos.
Los beneficiarios del fallo de primera instancia tendrán la posibilidad de hacer un nuevo descargo el 19 de febrero. Según fuentes oficiales, no se descarta que surjan nuevas aristas en el caso, que podrían tratarse hacia finales de marzo, dependiendo de las decisiones que tome la jueza Preska.
La Procuración del Tesoro advirtió que Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía y defender el Estado de Derecho. El Gobierno busca poner freno a pedidos ilegítimos que, según argumenta, vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional en materia de inmunidad soberana.