El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un contundente mensaje a los gobernadores dialoguistas durante la negociación por la reforma laboral, al afirmar que “la Argentina tiene que bajar impuestos”. El funcionario se refirió específicamente a la reducción del impuesto a las ganancias para empresas, un punto de tensión clave en el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
Caputo explicó que la eventual reducción en este tributo coparticipable comenzaría a impactar en 2027 y tendría una incidencia de $1,5 billones, según declaraciones a Radio Mitre. Esta cifra representa la mitad de lo estimado por los gobernadores, quienes reclaman una compensación por la pérdida de fondos derivada de la reforma laboral.
Discrepancias en el cálculo del impacto fiscal de la reforma laboral
El ministro se mostró optimista sobre el avance del proyecto de modernización laboral, aunque reconoció que está “un poco trabado” debido a la resistencia de los gobernadores. Según Caputo, los mandatarios provinciales no quieren ceder en la baja de Ganancias correspondiente al ejercicio 2026, que impactaría a partir del año siguiente.
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) estimó que el costo en la coparticipación para las provincias sería de $3,18 billones. Sin embargo, el ministro de Economía sostiene que la cifra real sería aproximadamente la mitad de ese monto, generando una importante discrepancia en las proyecciones.
El modelo económico detrás de la reducción de impuestos
Caputo defendió la necesidad de reducir la carga tributaria para generar inversiones y ganar competitividad. El funcionario argumentó que el modelo anterior de salarios bajos en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia no resulta sostenible para el desarrollo del país.
Además, reafirmó la intención oficial de continuar bajando impuestos como parte de una estrategia económica de largo plazo. Esta postura del Gobierno se contrapone a las demandas de los gobernadores, quienes buscan proteger sus recursos provinciales en medio de una situación fiscal compleja.
El núcleo del conflicto: el artículo 190
El eje central de la disputa es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone una reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades. El proyecto plantea disminuir el porcentaje del 30% al 27% en el tramo 2, mientras que el del 35% bajaría a una alícuota del 31,5% en el tramo 3.
Esta modificación impositiva representa una pérdida directa en los recursos coparticipables que reciben las provincias. Por esta razón, los gobernadores preparan una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones para debatir opciones de compensación que permitan recuperar los casi 4 puntos de recaudación en riesgo.
Los gobernadores buscan garantías en la negociación
Frente a este escenario, los jefes provinciales buscan negociar algún tipo de compensación a cambio de garantizar el apoyo al proyecto en el Congreso. Los mandatarios insisten en que cualquier instrumento de resarcimiento debe ser incorporado directamente en el proyecto de ley.
Asimismo, los gobernadores exigen que el mecanismo de compensación rija para todas las provincias de la misma forma, evitando tratamientos diferenciados que puedan generar inequidades entre las distintas jurisdicciones. Esta demanda busca establecer reglas claras y uniformes en el reparto de los recursos federales.
Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores continuarán en los próximos días, mientras avanza el tratamiento de la reforma laboral en las sesiones extraordinarias del Congreso. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo sobre el esquema de compensación fiscal.