El caso de Anabel Segura conmocionó a España durante más de dos años y se convirtió en uno de los secuestros más mediáticos de la década del noventa. El 12 de abril de 1993, la joven de 22 años salió a correr desde su hogar en el barrio La Moraleja, en Madrid, y nunca regresó. Su desaparición desencadenó una investigación que mantuvo en vilo a todo el país hasta que, 900 días después, se conoció la verdad sobre su trágico destino.
Según los registros policiales, Anabel fue interceptada a plena luz del día mientras realizaba ejercicio en una zona tranquila del exclusivo barrio madrileño. Un jardinero de un colegio cercano fue el único testigo que vio a una joven rubia siendo subida a la fuerza a una camioneta blanca. Sin embargo, no logró identificar la patente del vehículo, lo que dificultó las primeras horas de búsqueda.
El secuestro de Anabel Segura y el plan extorsivo
La víctima era hija de José Segura Nájera, un reconocido empresario del sector petroquímico, y de Sigrid Follers. Esta posición económica familiar convirtió a Anabel en el objetivo perfecto para Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, dos hombres sin antecedentes penales graves que idearon un plan para obtener dinero rápido mediante un rescate millonario. Ambos secuestradores trasladaron a la joven hasta una fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra, a varios kilómetros de Madrid.
De acuerdo con las investigaciones posteriores, el plan original contemplaba mantener con vida a la víctima mientras se negociaba el pago. Sin embargo, apenas seis horas después del rapto, Anabel fue estrangulada con una cuerda por uno de los captores. Los agresores ocultaron su cuerpo en una fosa que construyeron dentro del predio abandonado, pero continuaron exigiendo el rescate a la familia.
Durante meses, Muñoz y Ortiz realizaron aproximadamente 20 llamadas telefónicas a la familia Segura, exigiendo más de 900 mil euros. Estas comunicaciones fueron tensas y contradictorias, lo que llevó a los investigadores a detectar desorganización y poca experiencia criminal. La mayoría de las llamadas se realizaron desde teléfonos públicos ubicados en una misma zona geográfica.
La investigación que destapó la verdad
Cuando los padres de Anabel solicitaron una prueba de vida, los secuestradores enviaron una grabación con una voz femenina que no pertenecía a la víctima. Felisa García, esposa de Emilio Muñoz, se convirtió en cómplice al imitar la voz de la joven para mantener la ilusión de que seguía con vida. Este engaño prolongó la agonía de la familia Segura durante meses.
Mientras tanto, la Policía Nacional montó operativos de vigilancia y analizó exhaustivamente las llamadas telefónicas. Los investigadores identificaron patrones en las voces y lograron determinar que uno de los secuestradores provenía de Toledo, además de establecer su edad aproximada. Con estos datos y tras intensas tareas de inteligencia, los efectivos identificaron a Muñoz y Ortiz como los principales sospechosos.
El 28 de septiembre de 1995, ambos hombres fueron detenidos junto con García. Durante los interrogatorios, los tres acusados confesaron el crimen y colaboraron con las autoridades para ubicar el cuerpo. Los investigadores hallaron los restos de Anabel Segura en un pozo profundo dentro de la fábrica abandonada, donde había permanecido oculta durante 900 días en avanzado estado de descomposición.
Las pruebas forenses y el juicio
La autopsia reveló que la víctima había muerto por asfixia, pero también presentaba múltiples fracturas y la amputación de su brazo derecho. Estas lesiones sugirieron a los peritos forenses que Anabel pudo haber sido atropellada repetidamente con un vehículo. El hallazgo puso fin a la incertidumbre de la familia, aunque confirmó el peor de los desenlaces posibles.
Tras el descubrimiento del cuerpo, José Segura y Sigrid Follers mantuvieron un perfil bajo, aunque su abogado expresó en ese momento que los padres exigían todo el peso de la ley contra los responsables. En 1999, la Audiencia Provincial de Toledo declaró culpables a los tres acusados de la muerte de Anabel Segura.
Tanto Muñoz como Ortiz recibieron condenas de 43 años y seis meses de prisión como coautores del homicidio. Por su parte, García fue sentenciada a dos años y cuatro meses por encubrimiento, aunque nunca cumplió la pena ya que su familia pagó la fianza. Ortiz falleció de un infarto en la cárcel de Ocaña en 2009, mientras que Muñoz recuperó su libertad en 2013 tras cumplir parte de su condena.
El caso de Anabel Segura dejó una profunda huella en la sociedad española y puso en evidencia las dificultades de las familias frente a los secuestros extorsivos. Aunque los responsables fueron condenados, la liberación de Muñoz generó controversia entre quienes consideraban que la justicia no había sido suficiente para un crimen de tal magnitud.