La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general en Venezuela y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que procese y apruebe la iniciativa con el objetivo de favorecer la convivencia en el país caribeño. El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Rodríguez afirmó que la decisión había sido discutida previamente con Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, fecha en la que fue capturado por fuerzas militares estadounidenses. Durante el mismo acto, que se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, la mandataria realizó otro anuncio sorpresivo: El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos de la represión chavista, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos.
La ley de amnistía general busca liberar presos políticos
Según la presidenta encargada, la ley de amnistía general podría ser aprobada en la primera semana de febrero y beneficiaría inicialmente a personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, Rodríguez adelantó que la amnistía excluiría a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes.
La líder chavista pidió además que nadie imponga la violencia o la venganza y llamó a vivir con respeto. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de la normativa y su impacto en la represión denunciada por organismos internacionales.
Presión internacional y la postura de Estados Unidos
La iniciativa se da en un contexto de presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha condicionado avances en la relación bilateral a la liberación de detenidos por motivos políticos y ha asegurado tener un control total sobre las operaciones de crudo venezolano.
En una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la liberación de presos políticos forma parte del proceso de transición en Venezuela y reconoció avances, aunque más lentos de lo esperado. Rubio señaló que Washington mantiene su presión sobre Caracas para acelerar las excarcelaciones.
Argentinos detenidos y pedido de mediación internacional
La situación de los argentinos detenidos en Venezuela vuelve a cobrar relevancia con este anuncio. Familiares del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani solicitaron este miércoles la mediación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr su liberación.
Adicionalmente, Rodríguez afirmó que su gobierno avanzará en un proceso para combatir la corrupción dentro del sistema de justicia, aunque no brindó detalles sobre los alcances ni los plazos de esas medidas. El anuncio genera expectativas entre los familiares de los detenidos argentinos que esperan ser incluidos en la ley de amnistía.
Excarcelaciones recientes y cifras dispares
Desde el pasado 8 de enero se desarrolla un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las cifras, sin embargo, son dispares: el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó de 808 excarcelaciones desde diciembre, mientras que organizaciones de derechos humanos contabilizaron 302 liberaciones.
En muchos casos, los excarcelados mantienen restricciones como prohibiciones de declarar a la prensa, usar redes sociales o presentaciones periódicas ante tribunales. Estas condiciones han generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos que cuestionan la verdadera libertad de los liberados.
Propuesta alternativa y movilización de familiares
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó el 27 de enero un proyecto alternativo de amnistía con 12 artículos que propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación. Paralelamente, familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.
Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se registraron 18.824 detenciones por motivos políticos, más de 14.000 excarcelaciones y más de 11.000 personas aún sometidas a medidas restrictivas. No existen precedentes recientes de una amnistía de este tipo en Venezuela; en 2020, Maduro otorgó un indulto a 110 personas, medida que fue cuestionada por incluir casos no vinculados a detenciones políticas.
Se espera que la Asamblea Nacional venezolana debata y apruebe la ley de amnistía general durante la primera semana de febrero, aunque persiste incertidumbre sobre su alcance definitivo y los criterios específicos para determinar quiénes serán beneficiados por la medida.