El sector cinematográfico argentino convocó a una concentración para el miércoles 11 de febrero a las 15 en las puertas del Cine Gaumont, frente al Congreso de la Nación. La movilización fue organizada por las entidades que conforman el Espacio Audiovisual Nacional, junto a Colectivo de Cineastas y Cine Argentino Unido, para manifestarse contra artículos específicos de la Ley de Modernización Laboral que, según afirman, amenazan el financiamiento del cine nacional.
Productores, realizadores y actores expresaron su preocupación por los artículos 210 y 211 del proyecto legislativo en discusión parlamentaria. Según el comunicado difundido por las organizaciones, estos artículos eliminarían recursos específicos destinados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), así como al sistema público de radio y televisión.
Impacto de la Ley de Modernización Laboral en el cine argentino
El artículo 210 desfinanciaría el Fondo de Fomento Cinematográfico y quitaría al INCAA su autonomía financiera, dejándolo sujeto a decisiones presupuestarias discrecionales, según detallaron las entidades. Específicamente, este artículo eliminaría del Fondo de Fomento el 10 por ciento del precio de las entradas de cine y el 25 por ciento del impuesto que las empresas de servicios pagan por el uso del espectro radioeléctrico.
Mientras tanto, el artículo 211 eliminaría recursos destinados al INCAA, a la TV Pública y a Radio Nacional, manteniendo intactas las asignaciones a otros institutos culturales. Esta diferenciación generó críticas entre los profesionales del sector audiovisual, quienes consideran que se trata de una medida discriminatoria.
Consecuencias para la industria audiovisual
En su comunicado, las organizaciones alertaron sobre múltiples consecuencias de aprobarse estos artículos. Entre ellas mencionaron la pérdida de miles de puestos de trabajo registrados, la paralización de la producción audiovisual en todo el país y el freno al desarrollo federal y turismo cultural.
Además, advirtieron sobre la pérdida de mercados y presencia internacional para el cine argentino. Según el Espacio Audiovisual Nacional, la producción quedaría en manos de plataformas extranjeras, afectando la soberanía cultural del país.
Las entidades enfatizaron que “el fomento al cine no es un gasto”, defendiendo la inversión estatal en la industria cinematográfica como una política cultural necesaria. Esta postura busca contrarrestar argumentos que presentan el financiamiento público del cine como un costo prescindible.
Advertencias sobre el futuro de la producción nacional
Herán Findling, presidente de la Academia de Cine Argentino, se pronunció sobre esta problemática en declaraciones a La Nación. El productor advirtió que de concretarse la eliminación por ley de los impuestos específicos que financian al cine, el año 2026 podría terminar con no más de diez o doce películas filmadas.
Findling señaló que si el INCAA está actualmente desfalleciente o moribundo, esta medida lo terminaría de matar al dejarlo sin recursos económicos. Las declaraciones del presidente de la Academia reflejan la preocupación generalizada entre los profesionales de la industria cinematográfica argentina.
Diversas figuras de la industria cinematográfica ya habían llevado este reclamo al recinto parlamentario días antes de la convocatoria. En esas presentaciones explicaron en detalle cómo los artículos cuestionados afectarían las dos fuentes principales de recursos para la producción de cine nacional.
Próximos pasos
La movilización del 11 de febrero representa una acción colectiva de presión sobre los legisladores durante el debate parlamentario de la Ley de Modernización Laboral. El resultado de las deliberaciones en el Congreso determinará el futuro del financiamiento del cine argentino y del sistema público audiovisual en los próximos años.

